Presunto culpable derechos que se violan

¿cuáles son los derechos de los sospechosos?

Los sistemas de justicia tampoco están necesariamente equipados para satisfacer los derechos y necesidades de los niños. Los profesionales de la justicia -policía, fiscales, abogados y jueces- a menudo carecen de la formación especializada para apoyar a los niños supervivientes, víctimas, testigos o presuntos delincuentes. Es posible que muchos no comprendan las vulnerabilidades específicas de género a las que se enfrentan los niños al entrar en contacto con los sistemas de justicia. Y en algunos lugares, incluso los trabajadores de los servicios sociales, formados para ser la primera línea de respuesta para los niños necesitados, no están reconocidos o no tienen suficientes recursos para ayudar a los niños a buscar protección y justicia de forma segura.
Los niños pueden entrar en conflicto con la ley por diversas razones. La mayoría han cometido pequeños delitos o infracciones menores como el absentismo escolar, la mendicidad o el consumo de alcohol. A menudo, los niños que tienen un comportamiento delictivo han sido utilizados o coaccionados por los adultos.
A pesar de estas circunstancias, los niños pueden ser ingresados en un centro de detención o en una prisión para adultos, ya sea antes o después de su juicio. Esto significa que los niños y niñas pueden estar detenidos durante varios años y, en algunos casos, por períodos indefinidos.

Motivos legales para la detención de una persona

Australia es parte de siete tratados internacionales fundamentales de derechos humanos. Las garantías mínimas en los procesos penales se recogen en los apartados 3, 5, 6 y 7 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
El artículo 14 también consagra el derecho a un juicio justo y a una audiencia imparcial y el derecho a la presunción de inocencia. Para más información sobre estos derechos, véanse las Hojas de Orientación sobre los derechos a un juicio justo y a una audiencia justa y sobre la presunción de inocencia.
La finalidad de este derecho es permitir al acusado preparar adecuadamente su defensa y ponerlo en igualdad de condiciones con la acusación. Lo que constituya un tiempo adecuado dependerá de las circunstancias de cada caso, incluida la complejidad del mismo y el acceso del acusado a los testigos y las pruebas. La referencia a las facilidades significa que el acusado debe tener acceso a los documentos y otras pruebas necesarias para la preparación de su defensa. El acusado debe tener la oportunidad de estar representado por un abogado y de comunicarse con él de forma ilimitada en condiciones que permitan la confidencialidad.

Derechos de los acusados filipinos

El artículo 241 considera ilegal que dos o más personas se pongan de acuerdo para perjudicar, amenazar o intimidar a una persona en Estados Unidos en el libre ejercicio o disfrute de cualquier derecho o privilegio garantizado por la Constitución o las leyes de Estados Unidos o por haber ejercido tal derecho.
El delito es siempre un delito grave, aunque la conducta subyacente no constituya, por sí sola, una violación de otro estatuto penal de derechos civiles.    Se castiga con un máximo de diez años de prisión, a menos que el gobierno pruebe un factor agravante (como que el delito haya implicado un secuestro con abuso sexual agravado, o que haya provocado la muerte), en cuyo caso puede castigarse con hasta cadena perpetua y, si se produce la muerte, puede ser objeto de pena de muerte.
El artículo 241 se utiliza en los juicios por mala conducta de las fuerzas del orden y por delitos de odio. Históricamente se utilizaba, antes de que se adoptaran los estatutos de tráfico específicos para la conspiración, en los juicios por tráfico de personas.
Esta disposición tipifica como delito el hecho de que alguien que actúe bajo el amparo de la ley prive intencionadamente a una persona de un derecho o privilegio protegido por la Constitución o las leyes de los Estados Unidos. No es necesario que el delito esté motivado por prejuicios raciales o por cualquier otra animadversión.

Cuáles son los derechos de una persona detenida

La UE trabaja para garantizar la protección de los derechos básicos de los sospechosos y acusados. Son necesarias unas normas mínimas comunes para que las decisiones judiciales adoptadas por un país de la UE sean reconocidas por los demás.
A la hora de diseñar y aplicar el Derecho penal, es importante que la UE logre un equilibrio adecuado entre, por un lado, las medidas que protegen los derechos de los sospechosos y acusados y, por otro, la facilitación de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos.
Con una comunicación y dos recomendaciones sobre las salvaguardias para las personas vulnerables sospechosas o acusadas en los procesos penales, publicadas en 2013, la Comisión tomó nuevas medidas para proteger a las personas especialmente vulnerables en los procesos penales.

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