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Leyes de méxico 2020

Las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad -incluyendo la tortura, las desapariciones forzadas y los abusos contra los migrantes- han continuado bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en diciembre de 2018. La impunidad sigue siendo la norma. El presidente López Obrador creó la Guardia Nacional, formada en gran parte por personal militar, y ordenó su despliegue para controlar la inmigración irregular. Las leyes promulgadas en 2017 podrían ayudar a abordar los problemas de la tortura y las desapariciones, pero su aplicación se retrasa.
El sistema de justicia penal no ofrece habitualmente justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos, a pesar de una ley de 2013 que pretende garantizarles justicia, protección y reparación. En un informe de 2018, el relator especial sobre los defensores de los derechos humanos declaró que alrededor del 98% de los delitos cometidos en México seguían sin resolverse. Las causas del fracaso incluyen la corrupción, la capacitación y los recursos inadecuados, y la complicidad de los fiscales y los defensores públicos con los delincuentes y los funcionarios abusivos. En noviembre de 2019, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la impunidad “recurrente” en relación con las violaciones graves de los derechos humanos, y destacó las “graves” deficiencias en las investigaciones y enjuiciamientos de estos casos.

El derecho penal mexicano

El poder ejecutivo es ejercido por el poder ejecutivo, que está encabezado por el presidente y su gabinete, los cuales, en conjunto, son independientes del poder legislativo. El poder legislativo recae en el Congreso de la Unión, una legislatura bicameral compuesta por el Senado y la Cámara de Diputados. El poder judicial es ejercido por el poder judicial, compuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y los tribunales colegiados, unitarios y de distrito.
El gobierno federal, conocido como el Supremo Poder de la Federación, está constituido por los Poderes de la Unión: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La Ciudad de México, como capital del país, es sede de todos los poderes de la Unión. Todos los poderes son independientes, no pudiendo recaer los dos poderes en una sola persona o institución y no pudiendo recaer el poder legislativo en un solo individuo.
La actual Constitución de 1917 contempla dicha posición en su título tercero, capítulo tercero, y se aborda en quince artículos. En ellos se especifican las obligaciones, los requisitos de los poderes y las restricciones al cargo; especificaciones que van desde el mando de las fuerzas armadas;

Controles y equilibrios en méxico

Existen varios órganos judiciales federales en México que no forman parte de la estructura de los tribunales federales ordinarios. Los más importantes son el Tribunal Fiscal de la Federación, las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los Tribunales Militares. El Tribunal Fiscal es un tribunal administrativo “con jurisdicción sobre las controversias que surgen en materia fiscal entre un individuo y el gobierno”. Las responsabilidades y la estructura del Tribunal Fiscal están cubiertas por el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación. Los Tribunales Laborales son competentes para conocer de las demandas de los trabajadores que aleguen la violación de los derechos que les confiere el Código Federal del Trabajo, de los conflictos derivados de la negociación colectiva y de los asuntos relacionados con la huelga. Las responsabilidades y la estructura de los tribunales laborales están contempladas en la Ley Federal del Trabajo. Los Tribunales Militares se ocupan de los asuntos militares. Las responsabilidades y la estructura de los Tribunales Militares están cubiertas por la Ley Orgánica de los Tribunales Militares.

Consejo de la judicatura federal méxico

El visionado de Presunto culpable confirmó la visión que muchos espectadores tenían del sistema judicial mexicano como una institución injusta, burocrática, discriminatoria y kafkiana. Aunque los mexicanos son conscientes de la prevalencia de la corrupción en los entornos sociales y gubernamentales, así como de la forma en que la corrupción se utiliza como herramienta para navegar por los sistemas políticos y sociales, el contenido del documental seguía siendo impactante en varios sentidos. En primer lugar, el argumento era convincente por el contexto y las circunstancias del personaje principal. En segundo lugar, era una historia real que resonaba en la mente de los mexicanos debido a las circunstancias familiares del caso; es decir, la gente se lo creía porque este tipo de historias no son raras en México. En tercer lugar, la sociedad mexicana desconfía porque en algún momento un juez quiso prohibir la exhibición de la película y esto fue visto como un encubrimiento.
Cuando se pregunta a los mexicanos qué piensan del sistema judicial, la mayoría confunde los poderes judiciales estatales y federales, además de tener una opinión negativa de ambos. Esta actitud se ilustra en una encuesta del Instituto Ciudadano de Estudios sobre Seguridad Pública de 2008, que mostró que sólo el 8% de la población tiene una alta confianza en el sistema judicial.2 Esto significa que la gran mayoría de los mexicanos desconfía del sistema judicial en su conjunto, ya sea a nivel local o federal.

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