Pruebas en el amparo indirecto

Amparo legal

Tanto el marco arbitral mexicano como el brasileño son relativamente nuevos y favorables al arbitraje. Ambos países han adoptado la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (la «Convención de Nueva York») y la Convención de Panamá sobre Arbitraje Comercial Internacional (la «Convención de Panamá»). Están en vigor en México desde 1971 y 1977, respectivamente, y desde 2002 y 1995 en Brasil. México incorporó la Ley Modelo de la CNUDMI al Código de Comercio mexicano en el Libro V, Título VI (artículos 1415 a 1463)1, y Brasil la ha adoptado en la ley 9.307/96 (Lei de Arbitragem).
La Ley de Arbitraje brasileña se enfrentó inicialmente a un recurso de inconstitucionalidad, pero el Tribunal Supremo de Brasil la declaró finalmente constitucional en 2004, fomentando de forma significativa la inclusión de cláusulas de arbitraje en los contratos, especialmente en aquellos en los que participan partes brasileñas. La impugnación a la que se enfrentó el Tribunal fue principalmente contra la disposición que establece que los laudos arbitrales no son susceptibles de recurso ante un tribunal estatal, ya que la Constitución garantiza, en su artículo 5, XXXV que «ninguna ley excluirá del Poder Judicial la lesión o amenaza de un derecho2».

Definición de amparo

G.R. No. 242257 – EN EL ASUNTO DE LA SOLICITUD DE AMPARO DE VIVIAN A. SANCHEZ. VIVIAN A. SANCHEZ, PETITIONER, v. PSUPT. MARC ANTHONY D. DARROCA, CHIEF OF POLICE, SAN JOSE MUNICIPAL POLICE STATION; PSSUPT. LEO IRWIN D. AGPANGAN, DIRECTOR PROVINCIAL, PNP-ANTIQUE; PCSUPT. JOHN C. BULALACAO, DIRECTOR REGIONAL, PNP-REGIÓN VI, Y MIEMBROS DE LA PNP BAJO SU AUTORIDAD, DEMANDADOS:
G.R. No. 242257 – EN EL ASUNTO DE LA SOLICITUD DE RECURSO DE AMPARO DE VIVIAN A. SANCHEZ. VIVIAN A. SANCHEZ, PETITIONER, v. PSUPT. MARC ANTHONY D. DARROCA, CHIEF OF POLICE, SAN JOSE MUNICIPAL POLICE STATION; PSSUPT. LEO IRWIN D. AGPANGAN, DIRECTOR PROVINCIAL, PNP-ANTIQUE; PCSUPT. JOHN C. BULALACAO, DIRECTOR REGIONAL, PNP-REGIÓN VI, Y MIEMBROS DE LA PNP BAJO SU AUTORIDAD, DEMANDADOS.
EN EL ASUNTO DE LA PETICIÓN DE AMPARO DE VIVIAN A. SANCHEZ VIVIAN A. SANCHEZ, PETITIONER, v. PSUPT. MARC ANTHONY D. DARROCA, CHIEF OF POLICE, SAN JOSE MUNICIPAL POLICE STATION; PSSUPT. LEO IRWIN D. AGPANGAN, DIRECTOR PROVINCIAL, PNP-ANTIQUE; PCSUPT. JOHN C. BULALACAO, DIRECTOR REGIONAL, PNP-REGIÓN VI, Y MIEMBROS DE LA PNP BAJO SU AUTORIDAD, DEMANDADOS.D E C I S I Ó N

Recurso de amparo

El amparo, generalmente concedido por un tribunal supremo o constitucional, tiene una doble finalidad protectora: protege al ciudadano y sus garantías básicas, y protege la propia constitución asegurando que sus principios no sean violados por leyes o acciones del Estado que socaven los derechos básicos consagrados en ella. Se asemeja, en algunos aspectos, a los recursos constitucionales como la tutela disponible en Colombia, el mandato de seguridad (Mandado de Segurança) en Brasil y el procedimiento de queja constitucional (Verfassungsbeschwerde) que se encuentra en Alemania.
En muchos países, la acción de amparo tiene por objeto proteger todos los derechos que no están protegidos específicamente por la constitución o por una ley especial con rango constitucional, como el derecho a la libertad física, que puede protegerse en cambio mediante recursos de habeas corpus. Así, del mismo modo que el habeas corpus garantiza la libertad física, y el «habeas data» protege el derecho a mantener la integridad de los datos personales, el amparo protege otros derechos básicos. Por lo tanto, puede ser invocado por cualquier persona que considere que se está violando alguno de sus derechos, implícita o explícitamente protegidos por la constitución, otra ley (o por los tratados internacionales aplicables).

Habeas corpus

Los tribunales rara vez desempeñan un papel en los estudios relativos a la difusión, o propagación, de los derechos humanos y el avance del derecho internacional. Esta ausencia ignora la creciente realidad de que los tribunales nacionales pueden tomar la delantera en la promoción de los derechos humanos. A través de los cambios en la política internacional y doméstica, la judicialización,[1] y el control de convencionalidad, los tribunales han crecido en poder y están empezando a ejercer su influencia en la adopción de leyes internacionales de derechos humanos de forma unilateral.
Los tribunales nacionales pueden promover los derechos humanos exigiendo cada vez más responsabilidades a los infractores y ampliando la protección de los derechos a un conjunto más amplio de situaciones o contextos para una mayor proporción de la sociedad. ¿Por qué elegirían los tribunales promover estos derechos? Existen tres posibles motivaciones. En primer lugar, los jueces que forman parte de los tribunales pueden creer sinceramente que promover los derechos es moralmente correcto o constituye una buena política. En esencia, las actitudes de los jueces, sus ideologías políticas o sus políticas preferidas se alinean con la expansión de la protección de los derechos. En segundo lugar, los jueces pueden verse obligados por su deber inherente de reconocer y promover los derechos. En otras palabras, los jueces pueden promover los derechos porque quieren o porque creen que deben hacerlo. En tercer lugar, los jueces pueden tratar de empoderar al tribunal como institución, eligiendo estratégicamente promover los derechos para ampliar el apoyo y la legitimidad del público, haciéndolo así más capaz y eficaz para restringir el comportamiento del Estado[3] Aunque este capítulo no distingue entre estas posibles motivaciones, parece plausible que los jueces quieran ampliar los derechos humanos si pueden hacerlo.

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