Partes del juicio de amparo

Recurso de amparo

Antes de interponer el recurso contra las decisiones gubernamentales o administrativas o contra las decisiones judiciales, el demandante debe demostrar que ha agotado los recursos disponibles ante los tribunales ordinarios. Además, es necesario haber reaccionado ante la vulneración de lo fundamental que ahora se pretende hacer valer ante el Tribunal Constitucional, desde que se detectó la violación.
Los plazos para interponer el recurso contra las resoluciones gubernamentales o administrativas y el recurso contra las resoluciones judiciales son de veinte y treinta días, respectivamente, siendo el dies a quo el de la notificación de la resolución que pone fin a la vía judicial. El plazo para interponer el recurso contra las decisiones parlamentarias es de tres meses desde que las decisiones se convierten en definitivas y, por tanto, inapelables según el reglamento interno de la Cámara legislativa.
Es improrrogable y común a todas las formas de amparo que el solicitante debe justificar la especial relevancia constitucional del recurso interpuesto. Se trata de una exigencia que no puede confundirse con el propio fundamento de la vulneración constitucional denunciada, por lo que la carga de justificar la especial relevancia constitucional del recurso es algo diferente a la de argumentar sobre la existencia de una vulneración de un derecho fundamental el acto o resolución impugnada.

Recurso de amparo

El recurso de amparo, generalmente concedido por un tribunal supremo o constitucional, cumple una doble función protectora: protege al ciudadano y sus garantías básicas, y protege la propia constitución asegurando que sus principios no sean violados por leyes o acciones del Estado que socaven los derechos básicos consagrados en ella. Se asemeja, en algunos aspectos, a los recursos constitucionales como la tutela disponible en Colombia, el mandato de seguridad (Mandado de Segurança) en Brasil y el procedimiento de queja constitucional (Verfassungsbeschwerde) que se encuentra en Alemania.
En muchos países, la acción de amparo tiene por objeto proteger todos los derechos que no están protegidos específicamente por la constitución o por una ley especial con rango constitucional, como el derecho a la libertad física, que puede protegerse en cambio mediante recursos de habeas corpus. Así, del mismo modo que el habeas corpus garantiza la libertad física, y el «habeas data» protege el derecho a mantener la integridad de los datos personales, el amparo protege otros derechos básicos. Por lo tanto, puede ser invocado por cualquier persona que considere que se está violando alguno de sus derechos, implícita o explícitamente protegidos por la constitución, otra ley (o por los tratados internacionales aplicables).

Ley de amparo

Las reformas a la Ley de Amparo[1] que se llevaron a cabo durante el año 2013 permitieron interponer una demanda de amparo en contra de entidades privadas o particulares que realicen actividades equivalentes a las que realizan las autoridades gubernamentales[2] Antes de esa reforma, el amparo sólo era posible como recurso contra actos realizados por autoridades gubernamentales. Esta nueva versión de la Ley de Amparo se utilizó para demandar a los árbitros como si fueran autoridades (de manera similar a los jueces estatales) y, al mismo tiempo, impugnar los laudos sobre la base de que el laudo violaba los derechos fundamentales o humanos de la parte perdedora.
Este precedente es importante para evitar que se ataque al arbitraje utilizando el amparo como medio para retrasar y obstruir la designación de los árbitros o la continuación de los procedimientos arbitrales con el argumento de que los árbitros deben estar sujetos a la posibilidad de una acción de amparo y sus actos (órdenes procesales, decisión provisional, laudos, etc.) sujetos al escrutinio a través de esta forma de control constitucional. En síntesis, este precedente confirma el principio de no intervención judicial en el arbitraje y la posición de larga data del derecho mexicano y del poder judicial de que los únicos recursos contra los actos de los árbitros son los establecidos en la ley de arbitraje, que en México son simplemente los de la Ley Modelo de la CNUDMI.

Demanda de amparo

En julio, San José (Costa Rica) y Monterrey (México) acogieron el último foro Young ITA Talks, que también se realizó por videoconferencia. Panelistas de toda Centroamérica y México se reunieron para debatir y compartir las tendencias actuales en sus respectivos países en materia de reconocimiento, ejecución y anulación de laudos arbitrales.
Los paneles presenciales se llevaron a cabo en la sede del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Costarricense-Americana (CICA-AmCham) en San José y en la oficina de Hogan Lovells en Monterrey; ponentes de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras también participaron en el evento a través del webinar.
Un tema común durante ambas sesiones fue la relevancia de la acción de amparo disponible en ciertas jurisdicciones que pueden interferir con los procedimientos relacionados con el reconocimiento, ejecución o anulación de los laudos arbitrales. Los ponentes comentaron cómo, según su propia experiencia, este recurso constitucional se ha convertido en un punto relevante sobre el que reflexionar a la hora de solicitar el reconocimiento y ejecución de un laudo, pero sobre todo a la hora de litigar una solicitud de anulación.

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