Formato de recurso de revision en amparo indirecto

Amparo derecho mexicano

Nota del editor: Hoy publicamos el Informe 2016 sobre el derecho constitucional mexicano, que aparece en la Revista Global de Derecho Constitucional de 44 países, ahora disponible aquí en un archivo de menor tamaño para su descarga y envío por correo electrónico.
Dar un vistazo a los desarrollos del Derecho Constitucional mexicano en 2016 ilustra bien la transformación que ha sufrido el sistema de justicia en la última década, tanto en lo procesal como en lo sustantivo; y, la compleja realidad social del país. En tan sólo una década, el sistema de justicia penal se transformó de un modelo inquisitivo a uno acusatorio en 2008; reglas procesales de larga data del mecanismo de demanda constitucional individual, el Juicio de Amparo, fueron modificadas en 2011; y, poco después, se incorporaron como parte de la Constitución los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que México forma parte. Todos estos cambios suponen una mayor carga para el poder judicial y, en particular, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante, Suprema Corte o Tribunal). Como veremos en las siguientes secciones, de una u otra manera estas transformaciones se están manifestando. Los nuevos principios de la justicia penal están chocando con los intereses del gobierno para hacer frente a la grave violencia relacionada con las drogas (Sección III); la Suprema Corte está tomando ampliamente en cuenta los instrumentos internacionales de derechos humanos para resolver el creciente número de juicios de amparo en su expediente (Secciones II y IV); y la Corte a menudo tiene que resolver casos estrechamente relacionados con la vigilancia del Estado y la seguridad nacional.

Amparo legal en español

Como seguimiento a nuestra nota del 27 de mayo de 2020 “Desarrollos Regulatorios Recientes en el Sector Eléctrico Mexicano” (referida en adelante como “Capítulo 1”), esta nota destaca nuevos desarrollos en el creciente enfrentamiento entre la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (en adelante, la “Administración AMLO”) y las empresas de generación eólica y solar -en particular, aquellas que tienen contratos de compraventa de energía adjudicados en la primera, segunda y tercera subastas de energía llevadas a cabo por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).
La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) anunció el 22 de junio de 2020 que presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la política de la SENER, alegando que la política de la SENER (a) viola el principio fundamental de libre competencia establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y (b) constituye un intento de la SENER de exceder su mandato constitucional y su ámbito de autoridad. [10] En su comunicado de prensa, la COFECE señaló que la Política de la SENER impacta negativamente la estructura económica del sector energético en México y elimina la capacidad del sector para operar de manera competitiva y eficiente, impone medidas potencialmente discriminatorias en la operación del mercado mayorista de energía, otorga ventajas a ciertos participantes y establece barreras de entrada, lo que conduce a una menor eficiencia y competencia. Por estas razones, la COFECE interpuso una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie sobre los límites de la Política SENER, la cual alega que contradice el mandato constitucional de la COFECE de velar por la libre competencia y el bienestar del consumidor[11] La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió provisionalmente la Política SENER y sus efectos en respuesta a la demanda de la COFECE a principios de julio de 2020[12].

Amparo’ en español

El Juzgado Federal de Primera Instancia de Chilpancingo admitió el amparo (expediente 1402/2015) y ordenó la suspensión de cualquier actividad que afecte los derechos agrarios colectivos de la comunidad en relación con las concesiones mineras de Corazón de Tinieblas, mientras se resuelve el caso. Esto incluía la suspensión de la “Declaración de Lote Minero Vacante 02/2015”.
La comunidad presentó el recurso de revisión judicial contra las autoridades en base al impacto de la “Declaratoria de Lote Minero Vacante 02/2015” en la comunidad y su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2015. Según la Ley de Minas, la publicación de una “Declaración de Lote Minero Vacante” hace que el terreno quede abierto a personas o empresas que busquen nuevas concesiones mineras. En consecuencia, la petición argumentaba que la declaración violaba los derechos agrarios y colectivos de la comunidad indígena me’phaa establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo el derecho a la protección integral de su territorio y el derecho a la consulta.

Acerca del autor

admin

Ver todos los artículos