Escrito tercero interesado amparo indirecto

Amparo méxico

En julio, San José, Costa Rica, y Monterrey, México, acogieron el último foro Young ITA Talks, que también se realizó por videoconferencia. Panelistas de toda Centroamérica y México se reunieron para debatir y compartir las tendencias actuales en sus respectivos países en materia de reconocimiento, ejecución y anulación de laudos arbitrales.
Los paneles presenciales se llevaron a cabo en la sede del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Costarricense-Americana (CICA-AmCham) en San José y en la oficina de Hogan Lovells en Monterrey; ponentes de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras también participaron en el evento a través del webinar.
Un tema común durante ambas sesiones fue la relevancia de la acción de amparo disponible en ciertas jurisdicciones que pueden interferir con los procedimientos relacionados con el reconocimiento, ejecución o anulación de los laudos arbitrales. Los ponentes comentaron cómo, según su propia experiencia, este recurso constitucional se ha convertido en un punto relevante sobre el que reflexionar a la hora de solicitar el reconocimiento y ejecución de un laudo, pero sobre todo a la hora de litigar una solicitud de anulación.

Escrito tercero interesado amparo indirecto online

En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos que otorga esta Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, así como de las garantías para su protección. Dichos derechos humanos no podrán ser restringidos ni suspendidos, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta misma Constitución establece.
Las disposiciones relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme a esta Constitución y a los tratados internacionales en la materia, obrando en todo momento a favor de la protección más amplia de las personas.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y rectificar las violaciones a los Derechos Humanos, conforme a la ley.
Se prohíbe cualquier forma de discriminación, basada en el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones médicas, la religión, las opiniones, la orientación sexual, el estado civil, o cualquier otra forma, que atente contra la dignidad humana o pretenda anular o disminuir los derechos y libertades de las personas.

Comentarios

El documento consta de tres partes: la primera, una introducción sobre lo que es y los alcances del “Registro de Integridad Empresarial de la Secretaría de la Función Pública (México); la segunda, un análisis de diferentes aspectos de la integridad empresarial; y la tercera, contiene opiniones y conclusiones.
Uno de los principales objetivos del Registro de Integridad es certificar a las empresas que decidieron inscribirse, a través del otorgamiento del “Sello de Integridad Empresarial”, el cual tiene como objetivo reconocer a las empresas que cuentan con estándares y parámetros para prevenir y sancionar la corrupción, a través de la elaboración, implementación y verificación de (i) códigos de conducta, (ii) manuales de organización y procedimientos, (iii) sistemas de control, (iv) sistemas de capacitación, (iv) políticas de recursos humanos, (v) sistemas de reporte, y (vi) mecanismos de transparencia.
En consecuencia, el 17 de abril de 2020, la SFP presentó la plataforma digital[1] a través de la cual las empresas podrán inscribirse en dicho Registro, y que además contará con la colaboración de dependencias, organismos nacionales e internacionales y organizaciones académicas y empresariales, para el desarrollo de mecanismos para la elaboración de plantillas y herramientas de verificación y supervisión empresarial.

Amparo indirecto

A continuación se presentan algunas referencias a las disposiciones más relevantes de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (la “FLTB”), cuyo objeto, entre otros, es regular los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como los procesos de libre competencia en los sectores mencionados.
El IFT tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales y las redes públicas de telecomunicaciones, y la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como el acceso a la infraestructura activa y pasiva y demás bienes indispensables para la prestación de dichos servicios. Asimismo, el IFT cuenta con autoridades en materia de competencia económica relacionadas con los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
Entre sus autoridades más relevantes, podemos mencionar las siguientes (i) la emisión de opiniones no vinculantes para el IFT respecto al otorgamiento, renovación y revocación de concesiones, así como para el otorgamiento de autorizaciones para la asignación y cambio de control corporativo; (ii) la planeación, establecimiento, desarrollo e implementación de políticas y programas en materia de cobertura universal y social; (iii) la realización de acciones para garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones públicas, así como el desarrollo de programas que permitan el acceso a Internet en lugares públicos; y (iv) la adquisición, establecimiento y explotación, según sea el caso, directamente o a través de terceros, de redes de infraestructura de telecomunicaciones y sistemas satelitales para la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

Acerca del autor

admin

Ver todos los artículos