Amparo indirecto contra orden de aprehension

Amparo indirecto contra orden de aprehension

The supreme court may change the decision of an ombudsman over any case.

See panel decisions in cases: MEX-94-1904-01 Covered Flat Steel; MEX-94-1904-03 Polystyrene Glass and Impact Type; MEX-96-1904-03 Hot Rolled Steel Sheet and MEX-96-1904-02 Plate in Rolls; and the judgment issued in amparo suit 682/97 by the Sixth District Judge in Administrative Matters in the Federal District on December 28, 1997, by the Sixth District Judge in Administrative Matters in the Federal District.
See Panel decisions in the following cases: MEX-94-1904-01 Covered Flat Rolled Steel; MEX-94-1904-03 Poliestirene Crystal Type and Impact; MEX-96-1904-03 Hot Rolled Steel and MEX-96-1904-02 Steel Plate, and the judgment issued in the Juicio de Amparo 682/97, issued by the Sixth District Court in Administrative Matters in the Distrito Federal of the
before the production of the act of authority, to reinstate the complainant in the use and enjoyment of the violated individual guarantee; in such a way that the respondent responsible authority must leave it without effect and, if necessary, dictate another act in which it respects the fundamental rights of the governed, or abstain from acting; but only the person who requested the constitutional protection is protected and it is not possible – formally – to make a general pronouncement on the respective law or act.

Recurso de amparo

Antes de la reforma realizada en 2008 sobre el sistema constitucional en materia penal, México contaba con un sistema penal inquisitivo, con procedimientos burocráticos, demorados y completamente escritos en los que era común que los jueces no tuvieran contacto directo con el sospechoso. La reforma de 2008, que entró en vigor en todo el territorio nacional hasta 2016, introdujo un sistema penal que pretende garantizar los derechos humanos y que cuenta con tribunales acusatorios adversos en México. En este nuevo sistema, es obligatorio realizar audiencias públicas con la presencia de un juez y las partes; la prisión preventiva ya no es la regla, sino la excepción, priorizando la presunción de inocencia; el proceso es más eficiente y todas las pruebas de un caso se desahogan en la misma audiencia (con ciertas excepciones) en la que necesariamente debe estar presente el juez, quien oralmente tiene que explicar la valoración de las pruebas.
Para el buen funcionamiento de este nuevo sistema, se elaboró el Código Nacional de Procedimientos Penales[1], que derogó los códigos penales procesales existentes en cada Estado, así como el código procesal federal. El objetivo de este nuevo código es uniformar el procedimiento penal nacional (tanto de los Estados como a nivel federal) y establecer las reglas que deben observarse en la investigación, persecución y sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, garantizar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a garantizar el acceso a la justicia. A pesar de ello, sigue siendo cuestionable el grado de justicia alcanzado en este ámbito. Como en varios países de América Latina, el acceso a la justicia en México es bastante desigual.

La legislación puede, mediante una ley, reorganizar la composición del cuerpo judicial

No se violará el derecho del pueblo a estar seguro en sus personas, casas, documentos y efectos, contra registros e incautaciones irrazonables, y no se emitirá ninguna orden judicial sino en virtud de una causa probable, respaldada por juramento o afirmación, y que describa en particular el lugar que se va a registrar y las personas o cosas que se van a incautar.
Arrestos y otras detenciones: El presidente de la Corte Suprema Marshall63 asumió desde el principio que la Cuarta Enmienda tenía por objeto proteger contra los arrestos arbitrarios y los registros irrazonables, y ahora es una ley establecida64. En el derecho consuetudinario, se permitían las detenciones sin orden judicial de personas que hubieran cometido una alteración del orden público o un delito grave,65 y esta historia se reflexiona en el hecho de que la Cuarta Enmienda se cumple si la detención se realiza en un lugar público por causa probable, independientemente de que se haya obtenido una orden judicial.66 Sin embargo, para llevar a cabo una detención en el hogar, en ausencia de consentimiento o de circunstancias exigentes, los agentes de policía deben tener una orden judicial.67

Amparo indirecto contra orden de aprehension online

La esperadísima vista del caso Celmer tuvo lugar el 1 de junio de 2018 ante la Gran Sala del TJUE. Lo que está en juego es indudable. Por un lado, la eficacia del mecanismo de la orden de detención europea está claramente en peligro, un riesgo que podría tener consecuencias más amplias para toda la arquitectura de la confianza y el reconocimiento mutuos. Por otro lado, el litigio del caso Celmer se sitúa en el centro de los problemas que rodean las actuales reformas judiciales polacas, y de las consiguientes preocupaciones sobre la independencia judicial. Teniendo en cuenta las actuales negociaciones entre el gobierno polaco y la Comisión, Celmer es indudablemente un asunto político y delicado en extremo.

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